Resumo em Espanhol:
El objetivo del presente trabajo es realizar un breve repaso a los aspectos más controvertidos de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que han protagonizado en los últimos años fuertes debates entre el Estado y las comunidades autónomas. Los problemas de financiación surgidos tras una mala planificación inicial, el declive en las aportaciones de la Administración General del Estado en los últimos años, incluyendo la supresión del nivel acordado, y una baja recaudación del usuario mediante copago, han colmado de esfuerzo económico a las comunidades autónomas por mantener dicha política social, en un ambiente gobernado por la falta de transparencia del sistema. Por otro lado, las reformas normativas de mediados de 2012, con la finalidad de aliviar los presupuestos estatales y autonómicos, han supuesto un claro retroceso en el espíritu de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes y sus familias. Todas estas premisas han contribuido a un panorama muy heterogéneo de aplicación territorial de la norma, en el que se observan claras diferencias en las listas de espera, abuso de concesión de prestaciones económicas por parte de algunas regiones y disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones y los servicios.Resumo em Inglês:
The aim of this study was to provide a brief overview of the most controversial aspects of the Spanish Act of Promotion of Personal Autonomy and Long-Term Care 39/2006, which, in the last few years, has led to heated debates between the state and the autonomous regions. Because of the funding problems due to initial poor planning, the decline of contributions from the Spanish Government in the last few years, including the suppression of the agreed level, and low cash collection from the user through copayment, the autonomous regions have had to provide significant economic resources to maintain this social policy in an environment characterised by a lack of transparency of the system. In addition, the regulatory reforms of mid-2012 to ease the burden on state and autonomous budgets have represented a clear setback to the spirit of the act and a loss of welfare to dependent individuals and their families. All these circumstances have contributed to a widely heterogeneous picture in the territorial implementation of the act, with clear differences in waiting lists, abuse in the granting of cash benefits in some regions, and differences in the number of applications for benefits and services.Resumo em Espanhol:
La evaluación del impacto en la salud (EIS) es una herramienta que persigue incorporar la salud y el bienestar de la ciudadanía como componente vital en la formulación de políticas. Para muchos autores, si se incorporara de manera sistemática en los procesos de toma de decisión permitiría la consecución de dicho objetivo. Para ello es necesario superar una serie de dificultades, entre las que cabe destacar la obligatoriedad de su empleo, la concienciación de los distintos sectores cuyas decisiones pueden tener impactos significativos en la salud, su diseño de manera que permita un abordaje integral de los determinantes de salud y la capacitación de los profesionales responsables de su aplicación. Andalucía ha incluido en su legislación la EIS de manera preceptiva y vinculante para la aprobación de proyectos en ámbitos como el planeamiento urbanístico, actividades sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental, y planes y programas aprobados por Consejo de Gobierno. Su implantación ha requerido integrarla en los procedimientos de autorización, la capacitación de grupos multidisciplinarios de profesionales de salud pública, la elaboración de guías metodológicas de asesoramiento y la celebración de distintas jornadas de difusión y formación específica por sectores objeto de su ámbito de aplicación.Resumo em Inglês:
Health impact assessment (HIA) aims to incorporate people's health and wellbeing as a key feature in policy-making. Many authors believe that HIA might be systematically integrated into all decision-making processes as a way to achieve that goal. To that end, there is need to overcome a number of challenges, including the fact that Andalusia (Spain) has made HIA compulsory by law, the need for awareness of all public sectors whose decisions might have substantial impacts on health and for a methodology that would enable a comprehensive approach to health determinants and inequalities, and the training of both the public health staff and professional sectors responsible for its application. In Andalusia, a law provides mandatory and binding health impact reports for most authorisation procedures in different areas: from sectoral plans to urban planning schemes, and especially projects subject to environmental assessment. Implementation of this law has required its integration into authorisation procedures, the training of interdisciplinary working groups in public health, the preparation of technical guidelines, and the organisation of dissemination and training seminars for developers.